+ de 250 organizaciones participantes
4 ejes vertebrales
de debate
Un objetivo: promover la igualdad de toda la ciudadanía
“Hay decenas de miles de personas que siguen encarceladas en sus casas”
Conseguir una independencia individual total es la meta principal de quienes luchan a diario para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y, bajo esta premisa, se celebró a finales de octubre el I Congreso sobre el derecho a la autonomía personal.
Más de 250 organizaciones se dieron cita en la ciudad de Barcelona para poner sobre la mesa temas éticos, políticos y jurídicos que, al fin, certifiquen y protejan la igualdad entre todos los ciudadanos, además de trazar estrategias conjuntas que aseguren un compromiso a largo plazo.
Garantía de derechos en cada etapa de vida
Pese al gran avance en cuanto a legislación, hoy en día los derechos de las personas con discapacidad se siguen vulnerando y es que “si no tenemos recursos económicos ni los mecanismos reguladores suficientes, no podemos tener una respuesta real a las necesidades de las personas”, según manifestó Eduardo Díaz, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Cuestiones como la vivienda, la accesibilidad, el transporte y el ocio deben seguir modelos basados en la globalidad y en la proximidad, en paralelo a una mejora en la educación sociosanitaria que cuente con más espacios integradores, también para los más mayores.
“Sin recursos económicos, no podemos responder a las necesidades reales de las personas”
Ciudades inclusivas y seguras
“Hay decenas de miles de personas que siguen encarceladas en sus casas” remarcó el presidente de COCEMFE, Anxo Ortega, pues a menudo las ciudades son un obstáculo tanto para personas con discapacidad como para los ancianos. Por ello, hace falta lograr un espacio de convivencia que avale la movilidad, y así propuso Pep Llop, asesor de la DIBA, la creación de un consorcio público-privado para afrontar los grandes cambios que se vienen produciendo en este ámbito.
Las barreras no solo son en aspectos puramente arquitectónicos sino también en el acceso al deporte, las comunicaciones y el uso de la tecnología. Según datos de 2017, 7 de cada 10 personas con discapacidad no utilizan internet porque les parece muy avanzado o inaccesible para su tipo de limitación, a pesar de que la mayoría considere que podría mejorar su bienestar. El fomento de la investigación para universalizar su uso puede “acortar las brechas de desigualdad de derechos”, como destacó Meritxell Benedí, directora general de Servicios Sociales de la Generalitat de Catalunya, contando con “la implicación de los usuarios en el diseño e implementación de las tecnologías”, tal como defendió la responsable de innovación y eSalud del Hospital Vall d’Hebrón, Eva Aurín.
7 de cada 10 personas con discapacidad no usan internet por su complejidad
La transformación social necesaria pasa por contar antes con una visión realista basada en hechos y no en impresiones. Así la interpretación correcta de los datos estadísticos observados a partir de comportamientos reales es una herramienta vital para planificar cualquier propuesta a futuro, compartiendo entidades y organizaciones del sector los indicadores para definir la discapacidad de manera universal.